Hace dos meses aproximadamente, el debate político se relacionaba con cuáles serían los cambios en el gabinete para afrontar el denominado segundo tiempo de la administración de la Presidenta Bachelet. Las expectativas depositadas en las negociaciones de los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno en cuanto a los nombres presentados a la presidenta, demostraban un nuevo aire para enfrentar el escenario de las elecciones municipales, lo cual, sin duda alguna, sería más favorable con un gobierno avanzando en los temas claves de la agenda y controlando los temas emergentes.
Pese a todos los esfuerzos por iniciar un segundo tiempo libre de infortunios, lamentablemente las reglas del fútbol alcanzaron a la arena política, principalmente en cuanto a que en los primeros cinco minutos de reanudado un encuentro, los equipos, por lo general, se lanzan al ataque para igualar u obtener ventajas en el marcador global. Así los –para efecto de esta columna- primeros cinco minutos iniciaron con la renuncia de un General de Ejercito cuestionado judicialmente por delitos de lesa humanidad, seguido por un escándalo en las subvenciones del Ministerio de Educación que interrumpieron bruscamente el alto al fuego entre el gobierno y la oposición.
A sólo meses de las elecciones municipales, y en plena negociación de los cupos y candidatos dentro de los partidos de la coalición, la necesidad de controlar- dentro de lo posible- la agenda de gobierno, serán tareas mayores para un nuevo gabinete político que fue bautizado con fuego durante el período de vacaciones de la mayoría de los personeros del gabinete. Para la presidenta y su gabinete, la tarea de desterrar la sensación de una corrupción generalizada en el servicio público, e imponer la tesis de que las instituciones autónomas del gobierno - como la contraloría – funcionan, y están en pleno ejercicio de sus funciones, será de primera orden frente a un año electoral en donde la oposición hace ver la aparición de irregularidades como signos y síntomas de una coalición desgastada y corrupta. Sin embargo, y pese a que se ha hecho parecer al gobierno de la presidenta Bachelet como una administración de irregularidades, y desavenencias entre los distintos gabinetes que la han integrado, la oposición no puede dejar de desconocer que sus acciones debilitan un escenario económico y social que le es completamente favorable para un futuro gobierno al cual postulan, incluso sin el hecho de practicar una política agresiva y confrontacional.
Para la administración Bachelet, la agenda deberá necesariamente, y por el bien del país, tomar un decidido giro hacía la modernización de la gestión pública, para que esta última no se convierta en el centro del debate proselitista de la clase política del país. A pesar de que el tiempo con que cuenta la presidenta y su equipo no permitiría tan trascendental cambio, es al menos imprescindible dejar el debate a nivel del legislativo para que la política chilena avance en cuanto a la triste noción histórica de lo que es el servicio público.
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